Ecuador propone corte suramericana contra crimen organizado

El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga presentó el proyecto de creación de una corte penal regional para castigar el crimen organizado con el argumento de que en los países suramericanos los mecanismos actuales no han sido eficaces.

«Surge la idea de la experiencia, de la práctica de los fiscales de nuestra región (y) se puede comprobar que la asistencia penal internacional no ha logrado ser lo suficiente eficaz para luchar contra el crimen organizado«, comentó Chiriboga en el marco de un encuentro de procuradores y fiscales de la Unasur realizado en Quito.

Allí detalló los pilares del proyecto de una Corte Penal de Unasur que «podría apoyar a la paz de la región» a través de la desarticulación de las bandas criminales y la captura de los cabecillas de las mismas.

El fiscal entregó el documento al Gobierno ecuatoriano, que lo someterá a las instancias de análisis correspondientes de Unasur en los próximos días.

Chiriboga insistió en que «ojalá» se estudie el texto presentado «para que sean los gobiernos, los ejecutivos, las cancillerías y los ministerios de Justicia, los que nos den a todos los ciudadanos instrumentos jurídicos que puedan atacar, dentro de la justicia internacional, a estos factores disociadores de la paz, la justicia y la democracia».

Por su parte, el ministro coordinador de Seguridad ecuatoriano, César Navas, sostuvo que el proyecto constituye un «esquema de avanzada» en la cooperación jurídica internacional, especialmente porque «mientras las organizaciones criminales logran sus objetivos, los entes investigadores nacionales presentan serias deficiencias en sus recursos para enfrentar el flagelo» del crimen organizado.

Dijo además que «con esta iniciativa estaríamos en capacidad de desarticular las bandas en cada uno de nuestros países y llegar a judicializar a los cabecillas de esas organizaciones».

Según el ministro, en 2015 en el Ecuador se reportaron 192 casos de trata de personas, más de 10.300 casos de tráfico de drogas, 164 casos de tráfico de migrantes y 96 casos de lavado de activos.