Ciudadanos previenen sobre amenazas a la paz en Colombia

Promotores de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia alertaron sobre  el surgimiento de subgrupos que disienten de los acuerdos de paz y toman una ruta beligerante.

La incidencia de los Grupos Armados Organizados (GAO), reconocidos por ser herederos del paramilitarismo, son la gran amenaza de la paz integral en Colombia, sostuvieron promotores de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en dicha nación, a través de una carta.

En la misiva, que estuvo dirigida especialmente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se advierte que eliminar a los GAO es difícil debido al «complejo entramado de relaciones con agentes del Estado, con actores económicos y el aprovechamiento político de adversarios del proceso de paz», lo cual «garantiza su pervivencia y dificultan su erradicación».

En el texto se previene sobre la generación de subgrupos, que se marginan de los acuerdos, «reciclan la guerra y disputan con las instituciones el control de los territorios», como el caso de Los Urabeños o el antiguo Ejército Popular de Liberación  (EPL).

Los ciudadanos apuntaron que las fórmulas duales aplicadas por el Gobierno colombiano hasta ahora, basadas en un ataque incesante y diálogos para alcanzar la paz, han traído consecuencias graves para la nación.

De igual forma, realizaron un llamado a Los Urabeños y al EPL «para que se dispongan con toda claridad a buscar opciones reales que permitan su reincorporación a la vida civil, ya sea por el camino del sometimiento a la justicia, o explorando otras alternativas antes de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP».

«Como ha enseñado la amarga historia de la confrontación armada en Colombia, las tácticas duales de paz y guerra, vengan de donde vengan, han evidenciado su carácter nefasto para la paz y la democracia en Colombia», reza el documento.

Por lo cual, destacaron los avances para concretar los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno neogranadino, para acabar el conflicto armado.

El llamado fue extendido a las organizaciones sociales, las comunidades educativas y los jóvenes colombianos, para emprender campañas conjuntas de promoción de valores éticos, cultura de legalidad y repolitización democrática en la sociedad.