Ante la insistencia de la delegación de Costa Rica, de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua, denunciamos las masivas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Costa Rica a la población costarricense, en las protestas durante el paro que ha sido recogida por los medios de prensa internacionales, y cuyas voces han sido censurada por la prensa de la oligarquía de este país, para acallar el descontento de la población por las reformas fiscales que buscan descargar sobre los hombros de los trabajadores costarricenses los efectos de la mala administración de los grupos de élite de este país y del robo permanente de los funcionarios corruptos.
Ello explica el que ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya colocado a Costa Rica como una de las naciones más desiguales del mundo.
Los tugurios y la pobreza crecen por todo el país, la economía campesina está destruida, el dolor humano cunde por doquier y los monopolios agrícolas y comerciales han desgarrado de manera brutal el tejido social.
Importantes políticos destacados de este país han afirmado que el entreguismo realizado por diversas administraciones costarricenses los ha llevado a convertirse en una semicolonia yanqui, en donde crece el lumpen y las mafias que han puesto bajo su servicio a algunos de los más pobres, sin contar que más de un millón de personas están dedicadas a actividades informales y más de la mitad de los asalariados ganan menos del salario mínimo.
Se han seguido produciendo disturbios en todo el territorio nacional como producto de las protestas durante el paro, medios de prensa reportaron que el 18 de septiembre se produjo la detención de 40 defensores de derechos humanos y la Policía irrumpió con violencia en contra de los protestantes pacíficos hasta lograr remover los bloqueos temporales en carreteras y en accesos a instituciones públicas en particular en la provincia de Limón, Caldera y la Frontera sur de ese país en donde se desato una fuerte represión policial, con saldo de numerosos defensores de los derechos humanos detenidos y otros duramente reprimidos por las fuerzas policiales, quienes dispersaron a los manifestantes que bloquearon el paso de vehículos en Caldera y Puntarenas. Igual situación se produjo en paso Canoas.
Hasta la fecha el gobierno del Presidente Alvarado se ha negado a conversar con los protestantes costarricenses y se han decretado ilegales sus huelgas.
Hasta ahora ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la OEA, se han pronunciado frente a estas graves violaciones a los Derechos Humanos de la población costarricense.
En Costa Rica se ha institucionalizado la discriminación, el machismo y la xenofobia, tal es así que el 19 de agosto del año en curso 44 personas fueron detenidas portando símbolos nazis en contra de la migración extranjera, habiéndoseles decomisado bombas molotov, machetes y cuchillos. Asimismo existen grandes grupos que discriminan a las personas por su preferencia sexual, de género, religión, color de piel o nacionalidad entre otros y se ha extendido esta problemática como una pandemia sobre todo el territorio nacional, lo anterior explica que aún se registren grandes cifras de violencia a la mujer y femicidios.
Esperamos que el discurso injerencista y retórico que sostiene el gobierno costarricense sobre Nicaragua, no sea una cortina de humo para desviar la atención de los graves problemas que afectan la protección de los derechos humanos del pueblo costarricense a como lo hicieron las administraciones pasadas.
