El Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con el fin de que entren en vigor las mismas medidas restrictivas para contener la crisis sanitaria que se implantaron la semana pasada pero que la Justicia tumbó, según le ha comunicado Sánchez telefónicamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El estado de alarma tendrá una duración de 15 días, prorrogables tan solo si obtiene el respaldo de la mayoría del Congreso de los diputados.
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ratificar la resolución del Ministerio de Sanidad que obligaba al cierre perimetral de Madrid y de otros nueve grandes municipios de la región, que superan los 500 casos cada 100.000 habitantes, para luchar contra la propagación de la pandemia de coronavirus.
El Tribunal no argumentaba sobre el fondo del asunto, es decir, sobre las medidas que contiene la resolución, sino que lo hace sobre la legislación que las ampara, la ley 16/2003, que según el texto recogido en el auto "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales". Sin embargo, en otras regiones las medidas anuladas en Madrid sí han sido aceptadas por los jueces.
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Ultimátum de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un ultimátum a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que expiraba este viernes a las 12 del mediodía. Tras intentar, sin éxito, reunirse con el Ejecutivo regional, Sánchez anunció la noche de este jueves que convocaba un Consejo de Ministros, con la finalidad de decretar el estado de alarma en Madrid para que entraran en vigor las restricciones que había tumbado el TSJM.
Antes, Sánchez había telefoneado a Díaz Ayuso para ofrecerle tres opciones que permiten mantener las medidas revocadas por los tribunales. La primera es que fuera la Comunidad de Madrid la que dicte una nueva orden, en este caso bajo el paraguas de la ley de salud pública de 1986. La segunda era que el Ejecutivo regional solicitara al Gobierno la declaración del estado de alarma y la última consistía en que el propio Gobierno de Sánchez fuera el que impusiese ese estado de excepción.
Este viernes, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en comparecencia ante los medios ha vuelto a apostar por no implementar las medidas instadas desde Sanidad y tan solo ha anunciado que las limitaciones impuestas se aplicarán a 51 zonas básicas de salud, en lugar de las 45 anteriores, y que el umbral se sitúa en 750 casos cada 100.000 habitantes, en lugar de los 1.000 que contemplaban hasta ahora.
