Hoy miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha dado inicio a la sesión plenaria en la ciudad de Nueva York. En esta sesión se discute la resolución presentada por Cuba, que insta al Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) a finalizar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación caribeña por un periodo de más de seis décadas.
En dicha resolución (“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”); Cuba denunció que entre marzo de 2022 y febrero de 2023 el bloqueo estadounidense le provocó afectaciones en el orden de los 4.867 millones de dólares (una cifra superior a los 405 millones de dólares mensuales, a los 13 millones de dólares diarios y a los 555.000 dólares cada hora).
Según el informe, los daños totales a la economía cubana ascienden a 159.084.3 millones de dólares; calculados a precios corrientes.
ONU debate sobre resolución de Cuba
El documento refleja que la Casa Blanca recrudeció esa política de guerra durante la Administración de Donald Trump (2017-2021), no suavizó sus medidas ni siquiera durante la pandemia de Covid-19 y que la Administración de Joe Biden la mantiene pese a sus promesas de campaña de que las revisaría.
De acuerdo con el reporte, el bloqueo estadounidense causó perjuicios en todos los sectores de la economía cubana; y quienes concretan sus disposiciones se enfocaron en maniatar las exportaciones cubanas y perseguir de manera permanente las operaciones bancario-financieras cubanas, entre otras acciones punitivas contra el pueblo cubano.
El informe señala que los costos totales del bloqueo estadounidense crecieron, pues las medidas adoptadas por la Casa Blanca obligaron a La Habana a una reubicación geográfica de su comercio; afectaron sensiblemente la producción y los servicios, y generaron obstáculos adicionales para acceder a tecnologías de avanzada.
Cabe destacar, que Cuba también comentó que durante la última etapa; la severa aplicación del bloqueo estadounidense estuvo marcada por el mantenimiento de la deshonesta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y la posibilidad de tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas presentadas al amparo del título III de la Ley Helms-Burton.
