Roxana Janet Castillo no puede dormirse si antes no recibe mensajes de texto de sus hijos confirmándole que están bien. Es madre de dos varones y una mujer que viven con su padre en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, y donde los muchachos son cotidianamente acosados por pandillas.
Sus temores aumentaron hace poco cuando dos de sus hijos, de 15 y 17 años, fueron a visitar a su abuelo y unos pandilleros vieron que no eran del área y les preguntaron qué hacían por allí, dijo Castillo durante una entrevista con The Associated Press. A su hija, estudiante universitaria de 19 años, le robaron dos veces su teléfono celular en el autobús.
«Ser joven es un crimen en El Salvador. Mis hijos viven bajo acoso constante», dijo Castillo que está en tratamiento por linfoma, un cáncer que afecta al sistema inmunológico. «Si no me muero de cáncer, me voy a morir de susto».
Castillo no quiso que cruzaran la frontera ilegalmente pues no quería exponerlos a los peligros que conlleva el prolongado trayecto por tierra por México y la travesía por el desierto. Pero respiró aliviada cuando el gobierno lanzó un nuevo programa para refugiados que permite el ingreso de menores de Guatemala, Honduras y El Salvador que tienen al menos uno de sus padres con residencia legal en Estados Unidos. La iniciativa fue una luz de esperanza. La demora en el trámite, no obstante, la tiene desconcertada.
«Cuando pienso que no tengo a mis hijos, me dan ganas de llorar. Que me digan ‘Mamá, me pasó algo’. Me voy a morir de angustia», dijo Castillo. «Los pandilleros están en la calle, hasta los ancianos les tiene miedo porque los acosan y les piden dinero».
Para ser elegibles para el refugio, los menores deben de cumplir con otros requisitos como permanecer en su país durante el proceso y demostrar que tienen miedo de ser acosados u oprimidos debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en un determinado grupo social.
La mayoría de los solicitantes centroamericanos acosados por pandillas podrían calificar al considerarse las pandillas un «grupo social». Si la solicitud es aprobada, los menores reciben estatus de refugiados o el amparo humanitario.
El refugiado puede hacerse residente y eventualmente ciudadano, mientras que quien recibe amparo humanitario se le otorga un permiso temporal por tiempo limitado, que puede ser renovado. Ambos estatus otorgan el ingreso al país, estadía legal y permiso de trabajo.
El proceso inicia cuando el padre que es residente legal presenta su solicitud en una organización autorizada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado que maneja el Programa de Refugiados para Menores Centroamericanos. Luego padres e hijos tienen que presentar exámenes de ADN para comprobar el lazo genético y los menores son entrevistados dos veces.
Si el menor puede recibir el estatus de refugiado, se le hacen más exámenes médicos antes de que pueda viajar, al tiempo que las autoridades revisan la vivienda de los padres en Estados Unidos. Si pasa todas estas pruebas, el menor es candidato para recibir un amparo humanitario. Si no, el solicitante puede pedir que revisen su caso.
«El programa es una respuesta modesta» del gobierno a la crisis planteada por la llegada masiva de menores centroamericanos no acompañados a la frontera estadounidense, afirmó Wendy Young, presidente de la organización Kids In Need Of Defense (KIND según sus siglas en inglés, que realiza cabildeo a favor del programa). «El proceso de reasentamiento toma mucho, mucho tiempo, y cuando tienes un programa que inicia el proceso con los beneficiarios potenciales en su país de origen, les estás pidiendo que se queden esperando bajo condiciones peligrosas».
La idea del plan es reducir el flujo que menores centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense. El éxodo, no obstante, no ha cesado. Aunque el arribo de menores a la frontera se redujo este año fiscal que acabó en septiembre, ha aumentado en los últimos meses.
«En un principio, el gobierno destacó su plan de usar los centros de detención y otras cosas para disuadir a la gente de que emigrara. Lo que hemos visto es que eso no ha funcionado», dijo Michelle Brané, directora del Programa para la Justicia y Derechos de Inmigrantes, de la Comisión para Refugiados. «Si alguien está en una casa en llamas, trancar las puertas no va a detenerlo. Romperá las ventanas, saltará por las ventanas, hará lo que sea para salir de esa casa y eso es precisamente lo que estamos viendo».
El trámite para pedir a los hijos es sencillo y gratuito, excepto por el costo de pruebas de ADN que los solicitantes deben de pagar y que luego se les reembolsa.
«Hasta ahora todo ha sido muy fácil», dijo Castillo, quien no quiso revelar los nombres de sus hijos por temor a que sufran represalias. «Llené la solicitud el 25 de marzo. Mis hijos ya tuvieron dos entrevistas y se hicieron las pruebas de ADN. Ahora el siguiente paso es esperar que nos llamen para la última entrevista».
El proceso dura más o menos un año pues las autoridades tienen que procesar, cotejar y revisar información proveniente de dos países. De acuerdo a solicitantes, lo que más demora son los exámenes de ADN, que pueden tardar varios meses.
El gobierno dijo desde el comienzo que el trámite podía tomar alrededor de un año y activistas como Lilian Alba, directora de la división de refugiados del Instituto Internacional de Los Ángeles, dicen que están satisfechos con este tiempo de espera aunque lamentablemente los niños tengan que esperar en sus países.
El Instituto es la organización que ayudó a Castillo a presentar su solicitud. Solo las organizaciones autorizadas por el gobierno pueden realizar estos trámites.
A los padres, sin embargo, la espera los acongoja.
