Evidencias presentadas el viernes por un grupo de defensores de derechos humanos en México apuntan a que el Ejército asesinó a quemarropa a la mayoría de los presuntos delincuentes en una bodega del pueblo de Tlatlaya (suroeste), informó un alto funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, denunció desde Ginebra, Suiza, que las nuevas pruebas se constataron tras analizar «informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento».
Sin embargo, La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió al informe de derechos humanos sobre el caso, alegando que la orden dada las tropas aquel 30 de junio de 2014 fue proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas. No obstante, Heyns subraya que «no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya», y refiere que el informe consta que los militares mexicanos tenían la orden de disparar en la localidad donde entre las 22 personas muertas figura una niña de 15 años.
El documento presentado por el relator de la ONU respalda también la hipótesis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman federal) que estableció en un informe que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Familiares de las Víctimas y activistas de derechos humanos exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) castigo para los soldados involucrados, ya que hasta ahora solo ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murió durante la operación, lamentó Heyns.
Agencias
