El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que para este 2023 mantendrá su estrategia de régimen de excepción, con sucesivas prórrogas, para combatir a las maras o pandillas que hay en el país centroamericano.
“Vamos a pedir nuevas prórrogas del régimen de excepción, aunque a unos pocos les incomoda», advirtió el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. «El régimen representa la presencia del Estado en las comunidades que sienten la protección”, destacó.
El funcionario indicó que 2022 se cerró con un registro de 495 homicidios, asegurando que es la cifra más baja de las últimas décadas.
Política represiva de Nayib Bukele
De la misma manera, destacó que el 65 % fueron cometidos durante los tres primeros meses del año, cuando no había régimen de excepción. El 35 % restante fueron perpetrados en los nueve meses posteriores a que el presidente Nayib Bukele decretara en marzo un estado de excepción; que ha sido prorrogado en nueve ocasiones, como respuesta a un 26 de marzo especialmente sangriento que registró 62 asesinatos en un día.
La política represiva contras las pandillas ha sido duramente cuestionada y criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por violaciones y abuso a los derechos humanos.
Y #seguimos 👊🏻
Gracias al apoyo de la @AsambleaSV y de miles de salvadoreños, vamos a continuar firmes y contundentes es esta #GuerraContraPandillas.
Los buenos somos más. https://t.co/LsNy8UKCv2
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 15, 2022
En 2015 el país centroamericano, en ese momento considerado uno de los países más violentos del mundo: registró 6,656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.
Más prórroga para el régimen de excepción en El Salvador
Por lo tanto, la política de mano dura, avalada jurídicamente por el régimen de excepción, implicó la movilización de fuerzas de seguridad, entre policías y militares; para cercar comunidades consideradas bastiones de pandillas. Los uniformados fueron de casa en casa sacando a los presuntos delincuentes.
Desde hace un mes, más de 10,000 efectivos de la fuerza armada y de la policía, apoyados por fuerzas elites de seguridad, mantienen completamente cerrado el municipio de Soyapango, el tercero más populoso del país. Han detenido a más de 700 personas a las que las autoridades relacionan con las pandillas; ya sea como miembros o como colaboradores.
«Vamos a garantizar que estos terroristas no vuelvan a nuestras comunidades, que no salgan caminando nunca de los centros penales”; defendió Villatoro.
