Ecuador enfrenta un aumento drástico en la inseguridad

Foto: Ecuador en peligro /cortesía
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Especialistas en seguridad, hicieron público este domingo que Ecuador culmina el año con un ahondamiento aún mayor en la crisis de inseguridad; que se arrastra desde hace casi tres años y con una tasa de muertes violentas de 40 por cada 100.000 habitantes.

De confirmarse las cifras, Ecuador sería el país más violento de América Latina, donde casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal; hasta un total de 7.497 muertes violentas en el año, solo hasta el pasado 17 de diciembre.

Por ello, es muy probable que la nación suramericana termine este año con una tasa de entre 40 y 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicaría al otrora país de paz como el más inseguro y violento de toda América Latina; según la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade.

En el sur de Guayaquil, la capital de la provincia costera de Guayas, la tasa llega a 114 homicidios por cada 100.000 habitantes; uno de los índices más altos del planeta.

Foto: Ecuador en peligro /cortesía
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Ecuador en peligro

En agosto pasado, sicarios asesinaron al entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio; mientras salía de un mitin proselitista en Quito. De manera similar, en julio, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado. Estos dos casos han resonado y conmovido profundamente al país debido a sus implicaciones políticas.

No obstante, también ha sido noticias las continuas masacres en las cárceles; por disputas entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones y de negocios turbios en las calles, o la retahíla de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del «micro-tráfico«, o el asesinato «por error» de niños que dormían en su vivienda en un barrio pobre de Guayaquil.

La escalada de violencia, también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país con la Presidencia del conservador Guillermo Lasso; quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, casi la mitad de su periodo recortado por él mismo; para evitar su censura en el Parlamento por un caso de supuesta corrupción.

Durante su periodo se denunciaron, entre otros muchos, presuntos vínculos mafiosos de altas autoridades policiales y militares, en lo que se denominó «narco-generales«; y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito.