Miles de guatemaltecos son deportados desde EE.UU. cada semana sin que al llegar al país encuentren esperanzas de rehacer su vida. Muchos, incluso, han vivido años en ese país y han adquirido habilidades y conocimientos que no pueden utilizar porque no saben a dónde acudir.
Los esfuerzos que hace el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y algunas organizaciones no gubernamentales no son suficientes para atender la enorme cantidad de retornados.
Por ejemplo, desde mayo del 2018 el Mintrab lleva a cabo varios programas para atender deportados, con los cuales ha llegado a dos mil 73 personas, 20 de las cuales fueron colocadas en un puesto de trabajo; además, han otorgado 400 becas de estudio a jóvenes.
Estas cifras son minúsculas si se compara con los 31 mil 424 guatemaltecos que de enero al 16 julio de este año fueron deportados desde EE.UU.
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Otras instituciones como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) apenas están en acercamientos con organismos internacionales y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para trabajar proyectos que permitan apoyar a los deportados.
Los esfuerzos más grandes vienen de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Avina y el Programa Guate te Incluye, que con sus aliados ha logrado colocar a unas 300 personas en empresas.
Somos estigmatizados
Mario René Santos, guatemalteco que fue deportado después de vivir 23 años en EE.UU., sufrió en carne propia las vicisitudes de un migrante al retornar al país.
Para Santos, Guatemala “no está preparada para recibir una avalancha de personas retornadas”, no solo por la falta de oportunidades de empleo, sino porque, además, se enfrentan a que “la gente tiene un estigma” con los deportados porque creen que son delincuentes.
Agregó que en el país hacen falta programas que faciliten la certificación de capacidades de los guatemaltecos que han trabajado por años en EE.UU., tarea que actualmente se impulsa, pero sin la suficiente fuerza.
Según Santos, es necesario que “el gobierno asuma su responsabilidad” y que pida a las cámaras empresariales o a entidades como el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) que se abran a los migrantes que son deportados porque estos merecen una oportunidad.
No hay empleo
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, considera que las deportaciones masivas agudizarán la crisis económica y social que ya de por sí atraviesa Guatemala, con una disminución en casi todos sus indicadores económicos, como la inversión pública, privada y extranjera directa en los últimos cuatro años, a lo cual se le suma el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
El analista ve un panorama de gris a oscuro si se llega a cumplir la amenaza de Trump ya que por más capacidades que haya aprendido un migrante en EE.UU. en Guatemala no hay suficiente empleo.
Sin noticia de deportaciones
Respecto a las probables deportaciones masivas, la oficina de Comunicación de la Cancillería guatemalteca informó que la red de consulados en EE.UU. no ha reportado datos que reflejen un incremento de repatriaciones en el corto plazo.
Aseguró que las delegaciones consulares en ese país facilitan información y orientación legal a la comunidad migrante para que conozca sus derechos y los haga valer en caso de ser detenidos por migración.
En cuanto a la atención que dan a los migrantes ya en suelo guatemalteco, la oficina precisó que el accionar de la Cancillería consiste en recibirlos en la Fuerza Aérea, se les da una refacción, y la opción de hacer una llamada gratuita con familiares; también se les lleva a las terminales del transporte extraurbano y se les auxilia si no cuentan con dinero para llegar hasta sus lugares de origen.
La portavoz del IGM, Alejandra Mena, indicó que hasta el momento no se registra un incremento de vuelos con deportados desde EE.UU. y que en el proceso de deportación partición, además del Instituto y la Cancillería, los ministerios de Trabajo, Salud y el Registro Nacional de las Personas (Renap).
Cuando el deportado es un menor de edad, también intervienen la Procuraduría General de la Nación, y las secretarías de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, informó Prensa Libre.
