La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comunicó este lunes que recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti; quien investiga el caso del intento de asesinato, por vínculos cercanos con las autoridades porteñas.
“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti; por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA (Buenos Aires), el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia. Esto antes y después del atentado”, publicó la expresidenta de Argentina en su cuenta de Twitter.
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De acuerdo con los abogados de Cristina, «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un trabajo rentado; en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023
En este sentido, la recusación presentada en Argentina señala que «el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos»; mientras apuntó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo. Y no en una dependencia académica».
Investigación en Argentina
A partir de ello, el informe destaca que para que Capuchetti pueda estar en el ISSP debe contar con la autorización expresa; de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, entretanto, puntualizó que el líder del instituto es el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro.
“Se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. Quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales; contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”, expresa el documento en Argentina.
Además, el texto enfatiza que la Policía de CABA se subordina al Ministerio de Seguridad de Argentina; por lo que debería haber sido investigada como en el caso de la Federal.
