Santiago de Chile, 10 nov (EFE).- El Gobierno chileno abrirá una investigación para esclarecer la muerte de una niña de 13 años a la que se le negó un trasplante cardíaco por su condición precaria y humilde.
La ministra vocera del Gobierno, Paula Narváez, explicó hoy a periodistas que la indagatoria administrativa funcionará en paralelo a las diligencias que realiza el Ministerio Público.
"Lamentamos profundamente lo sucedido con Daniela (Vargas)", enfatizó Narváez al señalar que el Ejecutivo espera que los hechos se esclarezcan.
La portavoz resaltó que se busca dar con todos los detalles de lo ocurrido, considerando las distintas versiones que han dado las instituciones involucradas, como la Red de Salud UC Christus, donde se esperaba que fuera intervenida, y el Ministerio de Salud.
"Esperemos los resultados que se realicen tanto de la investigación administrativa que pueda llevar el Ministerio de Salud como la investigación que lleve adelante el Ministerio Público ", precisó.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, dijo a periodistas que hay muchos organismos del Estado que tienen competencia en lo que pasó con Daniela.
"El Ministerio de Salud y la red asistencial tienen que priorizar y evaluar a las personas susceptibles a un trasplante de órganos con base en razones objetivas, que no pueden implicar criterios discriminatorios como el origen social o su red de apoyo para la procedencia de estos trasplantes", añadió.
Aseguró que en el INDH se van a recopilar antecedentes para analizar posibles acciones penales y contactarán a los organismos pertinentes para que informen sobre niños que puedan estar en una situación similar a la de Daniela, para evitar que sean excluidos por razones arbitrarias de la lista de espera de órganos.
La muerte de Daniela Belén Vargas, que falleció en 2015 de un infarto provocado por una miocardiopatía dilatada y cuya única solución era un trasplante, causó conmoción en todo Chile esta semana, cuando trascendió el caso.
La niña de 13 años, residente en la sureña isla de Chiloé, a 1.200 kilómetros de Santiago, estaba al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename), responsable de los niños en riesgo social.
