La Asamblea Nacional aprobó este 17 de abril, mes de la paz en Nicaragua, con 91 votos a favor, la iniciativa del decreto de reformas y adiciones al reglamento de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República; fortaleciendo de esta manera aún más la seguridad de nuestros pueblos, a lo que la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, hizo mención.
«Vamos adelante desde las procuradurías que además se amplían el día de hoy y nos permiten hablar de una cobertura que va ampliándose y ampliándose cada vez más en la garantía de los derechos de nuestro pueblo. La actuación de la Procuraduría General de la República está basada en la protección del pueblo nicaragüense como parte o como sujeto de nuestro estado, garantizando el desarrollo humano entre todos»; enfatizó durante su acostumbrada comunicación con las familias nicaragüenses al mediodía la vicepresidenta del país, Rosario Murillo.
En tanto, el artículo 31 habla sobre las funciones de las procuradurías municipales, como prioridad supervisar que las municipalidades y sus funcionarios cumplan estrictamente con las normas de probidad, integridad y transparencia previstas en la constitución política y demás leyes de la materia en Nicaragua.
Segundo; promover capacitaciones a los servidores públicos de las municipalidades en temas relacionados con la administración financiera, contrataciones municipales, ética y recursos humanos.
Correcta gestión municipal en Nicaragua
Tercero; requerir informe, expediente y cualquier tipo de documentación a los servidores públicos para corroborar la correcta gestión municipal. Los cuales deberán ser atendidos en los plazos fijados en dichos requerimientos.
Del mismo modo, con esta Ley se prevé incorporar a la Procuraduría Nacional de la Familia y la Procuraduría de las Municipalidades como órganos sustantivos de la PGR, permitiendo mayor cobertura a la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores, tercera edad y personas con discapacidad.
«Establecer las funciones de ambas procuradurías para desarrollar lo pertinente a la emisión de certificaciones ambientales y dictaminar en todos los asuntos de familia que le sean sometidos a su conocimiento. Como tercero ser parte procesal en todos los procesos concernientes al estado civil y capacidad de las personas. Además, los intereses del niño o adolescente, personas con discapacidad; que no puedan valerse por sí mismas y personas declaradas judicialmente incapaces»; agregó Wilfredo Navarro, diputado en Nicaragua.
Con la fortaleza de este Ente nacional, se reafirma la autonomía de Nicaragua y se comprueba que el gobierno central, encabezado por el comandante presidente Daniel Ortega, trabaja de manera democrática; apegado a las leyes y garantiza los derechos constitucionales de las familias.
