Una ley de contrataciones administrativas del Estado de Nicaragua es fundamental para garantizar procesos transparentes, justos y eficientes en la contratación pública.
Promueve la competencia abierta, asegura el uso responsable de los recursos públicos, establece estándares técnicos y legales para las contrataciones; y previene conflictos de interés.
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Es por ello que la Presidencia de la República y el plenario de la Asamblea Nacional consideran necesario adecuar la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado para tener un marco normativo moderno que haga las contrataciones más ágiles, transparentes, accesibles, fomentando la competencia y optimizando el gasto público.
«Con esta ley hacemos que el Estado de Nicaragua se convierta en una herramienta capaz y transparente para resolver los problemas del día a día de los nicaragüenses»; expresó el diputado Wálmaro Gutiérrez.
Regulación en las contrataciones del Estado de Nicaragua
«No hablamos de contrataciones particulares; en este caso, la ley de contrataciones lo que persigue es la realización de contratos que me permitan resolverle los clavos a la gente, la necesidad de medicamentos en los hospitales, la necesidad de pupitres en las escuelas, las necesidades de todas las entidades del sector público para que puedan responder al pueblo»; aseguró.
Asimismo, se realizan importantes disposiciones vinculadas a las garantías, las fianzas o los anticipos.
«De tal suerte que un proveedor privado pensará dos veces antes de dejar un proyecto inconcluso, con calles partidas y zanjas abiertas. Creo que esto es muy importante dejarlo claro, porque en esta ley se fortalece este mecanismo de los avales, las garantías y las fianzas de los anticipos», agregó.
Otra de las disposiciones permite la autorización expresa desde la Presidencia de la República de Nicaragua para realizar compras directas, evitando la intermediación del sector privado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para salvaguardar la vida de los nicaragüenses.
«Normalmente, las leyes de contrataciones, y no solo en Nicaragua; se ven como una oportunidad para que el sector privado vea quién se lleva ‘la tajada del león’. Es decir, ver al Estado como una forma de hacerme millonario a través de contratos sin transparencia. Con esta ley se hace lo contrario; vamos a tener la oportunidad de reducir los plazos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas»; concluyó Gutiérrez.
