La presidenta de Perú, Dina Boluarte; anunció este lunes un estado de sitio en la provincia de Pataz, en respuesta al hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores que fueron cruelmente torturados y asesinados por criminales vinculados a la minería ilegal.
Según Boluarte, la medida busca “reforzar” la seguridad en la zona y frenar la violencia asociada a la minería ilegal; no obstante, el hecho evidencia la incapacidad del Gobierno para combatir el crimen organizado.
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Asimismo en sus declaraciones, Boluarte aseguró que las Fuerzas Armadas asumirán el control total de Pataz y que se instalará una base militar en el distrito.
Por su parte, la Policía peruana indicó que los cuerpos fueron encontrados vendados y desnudos en un socavón; donde habrían sido ejecutados con un disparo en el cuello.
Masacre en Perú
Además, el Gobierno decretó la suspensión de toda actividad minera en la región por 30 días, en un intento por desarticular las redes criminales que operan en el sector.
Por tanto el Gobierno peruano ha solicitado al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de “terrorismo urbano”.
También la presidenta enfatizó que la seguridad de los ciudadanos no puede quedar a merced de grupos delictivos y que se tomarán acciones contundentes para erradicar la violencia en torno a la minería ilegal.
De acuerdo con el corresponsal de teleSUR en Perú, Ramiro Angulo; expertos señalan que este acto demuestra la ausencia de una estrategia eficaz para combatir la minería ilegal.
Al respecto, el Congreso de la República; agregó el corresponsal viene recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
#Perú Masacre extremo 13 vigilantes de la mina La Poderosa de #Pataz fueron asesinados y quemados en un socavón.
El 25 de abril, los agentes fueron secuestrados por mineros ilegales y hallados después de una larga búsqueda pic.twitter.com/Oi0ATa9dgC— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) May 4, 2025
Esta moción se basa en sus declaraciones a la prensa, el pasado 30 de abril, cuando manifestó a los medios de comunicación que “dudaba de la veracidad de este secuestro”; y señaló que los agentes de seguridad del Gobierno no habían proporcionado información para corroborar estos lamentables hechos.
Cabe acotar que, en diciembre de 2024, el Congreso, junto con el Poder Ejecutivo, amplió el plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera; lo cual, según expertos, es un mecanismo que encubre la minería ilegal y permite que opere con impunidad.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal es actualmente la principal actividad delictiva en Perú; y aseguran que mueve más dinero que el narcotráfico.
