La Franja de Gaza enfrenta una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Según los últimos informes del Ministerio de Salud palestino, los bombardeos y ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 han dejado al menos 52.495 muertos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, además de 118.366 heridos, muchos con lesiones permanentes.
Los datos, publicados en un contexto de creciente presión internacional; reflejan el costo humano de una ofensiva militar que ha devastado zonas enteras del enclave palestino. De acuerdo con las autoridades gazatíes, más de 2.180 familias palestinas han sido completamente aniquiladas, y unas 5.070 han quedado con solo un miembro sobreviviente, lo que representa una pérdida generacional y comunitaria irreparable.
Entre las víctimas se cuentan más de 18.000 menores y mujeres, así como más de 1.400 trabajadores sanitarios, 113 rescatistas de Defensa Civil, 750 empleados humanitarios y al menos 212 periodistas. Los ataques han afectado directamente a hospitales, ambulancias, escuelas y centros de refugio, lo que ha llevado a diversas organizaciones a denunciar posibles crímenes de guerra y actos de genocidio.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras entidades de derechos humanos han alertado sobre patrones sistemáticos de ataque a civiles e infraestructura esencial. Un informe publicado en diciembre de 2024 por Amnistía concluyó que las acciones del gobierno israelí podrían constituir un genocidio, según lo definido por el derecho internacional: matanzas, lesiones graves, y sometimiento de un grupo a condiciones de vida que busquen su destrucción física total o parcial.
Amnistía Internacional acusa a Israel de crímenes de guerra en Gaza
En paralelo, el gobierno israelí ha justificado su operación como parte de su lucha contra Hamas; organización que gobierna Gaza desde 2007 y que lanzó ataques el 7 de octubre de 2023, causando también cientos de muertes civiles en territorio israelí. Sin embargo, la respuesta desproporcionada y prolongada del ejército israelí ha sido duramente cuestionada incluso por aliados históricos, como algunos sectores del Congreso estadounidense y gobiernos europeos.
La situación se agrava por el bloqueo total de ayuda humanitaria. La entrada de medicinas, alimentos, agua y combustible ha sido severamente restringida. Según la ONU, más del 80% de los hospitales en Gaza están fuera de servicio y la población civil enfrenta niveles extremos de desnutrición, sed y enfermedades contagiosas.
En abril de 2025, representantes de Hamas denunciaron ante organismos internacionales que Israel utilizaba el hambre como arma de guerra, al impedir deliberadamente el ingreso de suministros vitales y bombardear rutas de acceso para convoyes humanitarios. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Media Luna Roja Palestina han confirmado ataques directos a sus misiones y ambulancias.
La comunidad internacional ha intensificado sus llamados a un alto al fuego inmediato. Países como Brasil, Sudáfrica; España y Turquía han condenado públicamente la ofensiva y han solicitado que la Corte Penal Internacional investigue posibles crímenes contra la humanidad.
Tragedia histórica con más de 18.000 niños y mujeres asesinados
En tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó recientemente una resolución no vinculante que exige el fin de las hostilidades; aunque sin efecto práctico ante el bloqueo de resoluciones en el Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos.
Mientras tanto, la población de Gaza sigue resistiendo entre escombros, duelo y desesperanza. Los relatos que emergen desde el interior del enclave describen un escenario de colapso absoluto del sistema sanitario, falta de electricidad, hacinamiento en refugios improvisados y trauma colectivo.
La catástrofe humanitaria en Gaza no solo representa una tragedia para el pueblo palestino; sino que ha marcado un punto de inflexión en el debate global sobre los límites de la guerra; la responsabilidad de los Estados y la necesidad urgente de mecanismos eficaces para prevenir y detener genocidios en pleno siglo XXI.
