Estado australiano autoriza la eutanasia

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Los pacientes en fase terminal del Estado australiano de Victoria podrán pedir la eutanasia después de la entrada en vigor de una ley sobre el suicidio asistido, una primicia en el país.

El suicido asistido es ilegal en la mayor parte de los países del mundo. En Australia estuvo prohibido hasta 2017, cuando Victoria, el segundo estado más poblado del país, adoptó una polémica ley que permite a los pacientes poner fin a sus días.

El primer ministro del Estado, Daniel Andrews, partidario del proyecto de ley desde la muerte de su padre en 2016, declaró a la cadena Channel Nine que la legislación tiene el objetivo de dar a los enfermos "una elección digna para el fin de su vida".

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Andrews indicó que 12 personas podrán acogerse a la ley este año y luego unas 150 por año.

"Se trata de un cambio ambicioso. Ningún otro estado lo ha hecho (...) pero pensamos que es la medida que hay que tomar", añadió. "Hemos adoptado un enfoque lleno de compasión", añadió.

La eutanasia solo estará autorizada para los pacientes en fase terminal de más de 18 años que vivan en el estado de Victoria y a los que les queden menos de seis meses de vida, o menos de un año para las personas que sufren esclerosis múltiple o afecciones neuromotrices, enfatizó Perú21. 

La ley prevé garantías, entre ellas un comité de examen independiente y la intervención de un médico forense que controlará las circunstancias del fallecimiento.

Según la ley, los pacientes recibirán en un plazo de diez días la droga que podrán solicitar tras superar dos revisiones médicas independientes, y deberán administrársela ellos mismos excepto en algunos casos especiales.

Iglesia se pronuncia en contra

La entrada en vigor de la ley fue precedida por una carta pública emitida esta semana por los cuatro obispos de Victoria que mostraron su oposición a la medida al asegurar que «no podemos cooperar en facilitar el suicidio incluso cuando parece estar motivado por la empatía y la bondad».

La archidiócesis de Sydney recuerda que este procedimiento afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables como los ancianos o discapacitados y solicita que se proporcionen recursos suficientes para ayudar a cuidar de los pacientes que se encuentran en el final de sus vidas en lugar de acabar con ellas.

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