Alrededor de setenta organizaciones de la sociedad civil se congregaron este fin de semana en una masiva marcha pacífica por las calles del centro y el sur de Bruselas para exigir un alto el fuego inmediato en Palestina.
Los manifestantes, que portaban cacerolas y utensilios de cocina, dieron vida a un “concierto de cacerolas” destinado a romper el silencio de la comunidad internacional ante la grave crisis humanitaria que sufren los gazatíes; a quienes la ONU califica de una de las peores catástrofes desde la Nakba de 1948.
La movilización coincidió con el 77° aniversario del despojo de los palestinos de sus tierras para la fundación del Estado de Israel.
En su recorrido, los participantes reclamaron al Gobierno belga medidas concretas: un embargo militar completo; la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y la prohibición de todo comercio con los asentamientos en territorios palestinos ocupados.
En Bruselas exigen cese del genocidio en Gaza
Amparados en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 19 de julio de 2024; los organizadores recordaron a si vez que Bélgica tiene la obligación de desinvertir y cesar cualquier actividad económica que contribuya al mantenimiento de la ocupación.
“La Nakba no es un recuerdo del pasado; continúa hoy ante nuestros ojos, a través de cada bombardeo, cada desplazamiento forzado, cada privación de libertad”, declaró por su parte Dima Daibes, del colectivo Beitna.
Albert, padre y abuelo, resumió el sentir de muchos: “Permanecer en silencio es complicidad con el genocidio”. La marcha apuntó también contra el gobierno federal; criticando sus lazos económicos con el sionismo y su “fracaso político” en la defensa de los derechos humanos.
Un día antes, Madrid vivió una movilización paralela. Según la Delegación del Gobierno; unas 10 000 personas respondieron al llamado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) bajo el lema “Muévete por Palestina”.
Desde la Puerta del Sol, los manifestantes responsabilizaron al Ejecutivo español; a las instituciones europeas y a las empresas armamentísticas de lucrar con lo que calificaron de “genocidio” en Gaza.
