Condenan a nicaragüense por violador y estafador en España

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El Español

En la capital del Segura trabaja cuidando a un anciano que va en silla de ruedas y sus convicciones religiosas son tan fuertes que hace gala de ellas hasta en su perfil de Facebook, donde incluso llega a reproducir una misa que se celebró en Murcia en honor a su país de origen: Nicaragua.

El perfil aparentemente angelical de Johnny contrasta con el truculento contenido de una sentencia de la Audiencia Provincial que ha condenado a este nicaragüense a ocho años de cárcel por violar a una compatriota mientras lo grababa todo con su teléfono móvil y alardeaba de ello mirando a cámara, arqueando las cejas, sonriendo y marcando bíceps.

Tales hechos fueron destapados tres años después de que ocurrieran gracias a una investigación de la Policía Nacional contra un grupo dedicado supuestamente a la trata de mujeres nicaragüenses para explotarlas laboralmente en España.

La fecha clave que destapó este nauseabundo ataque sexual es el 18 de abril de 2016, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia autorizó a la Policía Nacional la entrada y registro de dos inmuebles: uno en Cartagena y otro en la capital murciana. En concreto, se trataba del piso en el que se instaló este nicaragüense, de 34 años, tras llegar a España desde su tierra natal, Nueva Guinea, uno de los municipios más poblados de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, en la República de Nicaragua.

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Los agentes venían investigando tiempo atrás a 15 personas, cuatro hombres y once mujeres, naturales de Guinea, Marruecos, Bélgica, Nicaragua, Bolivia y España. Entre ellos estaba Johnny. La información recabada por los investigadores les llevó a concluir que los sospechosos colaboraban con dos hermanas nicaragüenses, las cuales se dedicaban a viajar a Nicaragua para captar a mujeres pobres y con cargas familiares. La promesa siempre era la misma: un trabajo en España como empleadas de hogar o como cuidadoras de personas mayores.

Las víctimas que aceptaban tenían que devolver a la organización 3.500 dólares por la compra de un billete de avión hasta el aeropuerto de Barcelona y por el billete de autobús con destino a Murcia, así como por el posterior hospedaje en la Región para desempeñar su nuevo ‘trabajo’. A partir de ese momento, estas inmigrantes tenían que afrontar jornadas laborales maratonianas. La deuda para salir de Nicaragua incluía fuertes intereses y el coste del alojamiento en tierras murcianas.

Algunas de ellas se vieron obligadas a ejercer la prostitución. Algunas se quedaron embarazadas. Algunas fueron sometidas a abortos ilegales por parte de miembros de la organización.

Entre los pisos objeto de seguimiento porque eran empleados para alojar a las víctimas estaba el domicilio de Johnny en Murcia. Así lo refleja textualmente la Audiencia Provincial en la condena a este nicaragüense por violar a una compatriota: “Se dedica a traer chicas desde Nicaragua, más de 100 interesadas en el trabajo doméstico en España, dado su estado de penuria económica, a las que les busca trabajo y domicilio, anticipando para su traslado el dinero necesario que luego le tenían que devolver con sus intereses y desplegando sobre las mismas un control efectivo, a través de la retirada de su pasaporte y amenazándolas con publicitar a través de redes sociales grabaciones no consentidas de encuentros sexuales que habría tenido con ellas”.

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