La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha ordenado la suspensión temporal de las deportaciones de migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Texas.
Esta medida responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que la administración del presidente Donald Trump intentaba deportar a estos migrantes sin brindarles el debido proceso legal.
Los detenidos, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, serían deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798; una legislación de tiempos de guerra utilizada anteriormente en contadas ocasiones, como durante la Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos japoneses.
El caso genera controversia debido a que, el 15 de marzo de 2025, al menos 238 ciudadanos venezolanos fueron deportados a El Salvador; donde fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Deportaciones ilegales en Estados Unidos
Estas deportaciones se realizaron a pesar de una orden judicial que las prohibía, lo que se interpreta como un desafío directo al sistema judicial estadounidense.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de los deportados y anunció que permanecerán en el CECOT por al menos un año, como parte de un acuerdo con Estados Unidos que incluye un pago de seis millones de dólares.
El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha calificado estas deportaciones como un «secuestro» y ha exigido el retorno de sus ciudadanos. Maduro argumenta que los deportados no fueron sometidos a juicio ni se les permitió ejercer su derecho a la defensa, siendo trasladados a El Salvador sin el debido proceso.
Además, ha solicitado a la comunidad internacional que intervenga para garantizar la liberación de los venezolanos detenidos en Estados Unidos.
Este caso ha suscitado un debate sobre el uso de leyes de tiempos de guerra en contextos de inmigración; especialmente cuando no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela.
