Corte Suprema de EE. UU. verá si es legal despedir a un trabajador gay

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La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que examinará en los próximos meses si los homosexuales y las personas transgénero están protegidos por la ley federal que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo.

El máximo tribunal de justicia del país dijo que abordará tres casos sobre el tema a más tardar en el otoño boreal, con una decisión esperada para 2020.

La Corte Suprema, integrada por cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, tendrá que decidir si la Ley de derechos civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo o etnia, también se aplica a la orientación sexual y la identidad de género. Para numerosos juristas, la mención de la palabra "sexo" en el artículo sería interpretada como abarcativa, aunque la tendencia conservadora de la Corte podría tomar una postura más restrictiva.

A falta de una sentencia del máximo tribunal de Estados Unidos, cortes inferiores han emitido decisiones contradictorias.

El tribunal abordará dos casos relacionados con personas homosexuales que dijeron haber sido despedidos debido a su orientación sexual, uno vinculado a un instructor de paracaidismo de Nueva York, llamado Donald Zarda (quien ganó su juicio), y otro presentado por un ex coordinador de servicios de bienestar infantil, llamado Gerald Bostock (quien perdió en Georgia).

Además, los magistrados revisarán un recurso de una funeraria de Detroit que busca revertir un dictamen que indicó que violó la ley federal al despedir a una persona transgénero llamada Aimee Stephens, después de que revelara sus planes para someterse a la transición de hombre a mujer. El dueño de la empresa le dijo que rescindiría su contrato debido a que ya no se vestiría como hombre.

Algunas leyes estatales protegen a la comunidad LGBT, pero por el momento no existe ninguna legislación federal específica, ni tampoco una sentencia al respecto que haya sentado jurisprudencia a nivel nacional.

La disputa por el artículo VII representa la primera prueba de fuego sobre un importante tema social para los nueve jueces de la Corte Suprema desde que Brett Kavanaugh, el candidato conservador de Donald Trump, se sumó al tribunal en octubre tras un proceso de confirmación del Senado.

La administración del presidente republicano revirtió el enfoque adoptado por una comisión creada por el Gobierno del ex presidente demócrata Barack Obama, que tiene como fin garantizar la implementación de las leyes federales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo.

La influyente Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) pidió el lunes a la Corte que defendiera los derechos de los demandantes, ya que lo opuesto "sería catastrófico y relegaría a la comunidad LGBTI a un estatus de ciudadanos de segunda", advirtió uno de sus líderes, James Esseks.

Así, Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, ganó un juicio en ese estado tras ser despedido por ser homosexual, mientras que el asistente social Gerald Lynn Bostock perdió en un caso similar en Georgia. Ambos expedientes serán examinados en la misma audiencia, decidió la Corte.

“Cuando mi hermano me dijo que había sido despedido, me sorprendió”, manifestó Melissa Zarda, quien reanudó la lucha judicial de su hermano Donald después de su muerte en un accidente en el 2014.

"No podía creer que uno pudiera ser despedido por ser homosexual, pensé que era ilegal, espero que la Corte Suprema diga que lo que le pasó a mi hermano estuvo mal", añadió en una declaración.

El abogado de Zarda, Greg Antollino, subrayó la importancia de este caso "porque se trata de la dignidad humana básica y la promesa de un trato igual para todos".

“Todos los estadounidenses deberían poder trabajar y no temer ser discriminados por ser quienes son”, alegó.

La Corte Suprema estadounidense también analizará el caso de una persona transgénero de Michigan, Aimee Stephens, despedida por la firma R.G. & G.R. Harris Funeral Homes después de trabajar allí durante seis años como Anthony Stephens.

Stephens presentó una demanda con el apoyo de la agencia federal para combatir la discriminación en el ambiente laboral, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), entonces bajo el gobierno del demócrata Barack Obama, que hacía una interpretación amplia de la ley de 1964.

Sin embargo, la administración del republicano Donald Trump ha tomado el rumbo contrario, y el mandatario ha nombrado a dos jueces conservadores a la Corte Suprema desde que asumió el cargo.

En el caso de Stephens, un tribunal inferior inicialmente se puso del lado de la funeraria, pero esa decisión fue revocada por un tribunal federal de apelaciones que dijo que su despido era una forma de discriminación sexual.

El propietario de Harris Homes busca ahora anular la decisión. Thomas Rost, quien se describe como un "ferviente cristiano", invocó en su apelación "su libertad de conciencia", pero también la necesidad de "evitar todo lo que pueda molestar a sus clientes de luto".

Rost tiene el respaldo de Alliance Defending Freedom, una asociación conservadora que defiende las libertades religiosas.

A la inversa, Stephens recibió el apoyo de la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que el lunes pidió a la Corte Suprema que confirmara la decisión de la Corte de Apelaciones.

Lo opuesto "sería catastrófico y relegaría a la comunidad LGBTI a un estatus de ciudadanos de segunda", advirtió uno de sus líderes, James Esseks.

“Lo que me pasó a mí estuvo mal, fue doloroso y dañó a mi familia”, sostuvo Stephens en una declaración emitida por ACLU. “Espero que la Corte Suprema vea que despedirme porque soy transgénero fue una discriminación”.

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La Nación (Costa Rica)

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