Fiscalía interviene instalaciones de la policía en Casamata

Un equipo de fiscales de Honduras encontró indicios del asesinato del zar antidrogas, Arístides González, durante una operación ejecutada en el cuartel general de la policía, informó este martes el Ministerio Público. «El Ministerio Público concluye inspección en Casamata donde se recolectaron indicios relacionados con los delitos investigados», afirmó el ente en su cuenta Twitter, en la que incluye fotos de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con gorros pasamontañas revisando computadoras.

La noche del lunes, la ATIC, dependiente del Ministerio Público anunció que procedería «a realizar las indagaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos» denunciados con respecto a que la «cúpula policial planificó y asesinó al zar antidrogas» el 8 de diciembre de 2009.

Minutos después, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo a la prensa que había dado instrucciones al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, de que entregara «al Ministerio Público toda la documentación que existe» sobre el asesinato de González. Y horas después, el Ministerio Público realizó «un operativo de registro e inspección en las instalaciones del Cuartel General de Casamata (sede central de la Policía)» para «localizar, decomisar y secuestrar cualquier documentación relacionada con la investigación del crimen», según informó el organismo.

Un medio de comunicación hondureño dio detalles de cómo los altos mandos de la Policía Nacional planificaron y mandaron a matar con sicarios el 29 de noviembre de 2009 al jefe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) por instrucciones de un narcotraficante del departamento de Colón (oeste).

El Heraldo informó que también la cúpula policial planificó el asesinato del exasesor del Ministerio de Seguridad, Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre de 2011 y del fiscal Orlan Chávez el 18 de abril de 2013.

Los asesinatos de González, Landaverde, Chávez y del periodista Alfredo Villatoro están catalogados por las autoridades como «emblemáticos» de ser investigados, pero se mantienen en la impunidad, como el 96% de los crímenes en Honduras.