El gobierno mexicano certificó este viernes la autenticidad de un documento del Ejército en el que un batallón, que presuntamente ejecutó extrajudicialmente a al menos ocho personas hace un año, tenía instrucciones de «abatir delincuentes», pero negó que eso signifique matarlos.
«El término abatir tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida», argumentó el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (Interior), Roberto Campa, en una entrevista con la emisora Radio Fórmula en la que recordó que en el documento hay «referencias constantes» exhortando a respetar los derechos humanos.
El jueves, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló un documento del Ejército en el que se instruía a una tropa del estado de México (centro) a «operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad».
La ONG dijo que el Ejército emplea el término «abatir» como un eufemismo de «matar», del mismo modo que los funcionarios de seguridad del gobierno lo usan cuando presuntos narcotraficantes fallecen a manos de uniformados en operativos gubernamentales.
Ese batallón fue el que, diecinueve días después de la fecha en que se emitió esta orden militar, sostuvo un enfrentamiento con supuestos secuestradores en una bodega de Tlatlaya que acabó con un saldo de 22 presuntos delincuentes muertos, incluida una niña de 15 años.
Después de que una testigo superviviente asegurara a medios que esas personas fueron ejecutadas luego de rendirse, el relato oficial cambió y seis soldados enfrentan un juicio acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque sólo tres enfrentan cargos por el homicidio calificado de ocho personas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en octubre que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya por los uniformados.
A raíz de la revelación del documento del Ejército, este viernes la ONU y Amnistía Internacional (AI) emitieron comunicados en los que piden a las autoridades que tengan en cuenta esta nueva evidencia.
«Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario», dijo el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.
Revisando documentos militares y comunicados de prensa del gobierno, Amnistía Internacional no encontró «un solo ejemplo en el que ‘abatir’ no fuera sinónimo de matar». «Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales», apuntó la ONG.
