La posibilidad de retomar la actividad minera encendió las alarmas en diversos sectores populares, especialmente por el temor a que se utilicen estrategias legales controversiales para facilitar la reapertura, tras años de cuestionamientos sobre la transparencia y equidad de los contratos mineros; la existencia de un código minero desfasado que no refleja las mejores prácticas del sector; y la ausencia de una política clara para la industria minera en el país, entre otros reclamos.
El mandatario Mulino declaró públicamente que no se recurrirá a la figura de un «contrato-ley»; buscando diferenciarse de administraciones anteriores y prometiendo una “real asociación” en la que la mina pertenezca a Panamá.
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Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre la protección de los intereses nacionales; ni calmar la preocupación de quienes recuerdan los graves impactos ambientales y sociales que dejó la gestión minera pasada.
Organizaciones ambientales y comunidades cercanas a los proyectos mineros advierten sobre riesgos que van mucho más allá de lo legal.
Panamá debate el regreso de la minería
Señalan la falta de laboratorios certificados para el monitoreo ambiental, la ausencia de consultas ciudadanas y el déficit de información geológica; lo que dificulta una supervisión adecuada y transparente.
Además, persisten denuncias sobre la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones sociales.
El diagnóstico del sector minero en Panamá revela serias deficiencias: un marco legal desactualizado, permisos poco claros, recaudación insuficiente y una fiscalización deficiente.
Estos vacíos han permitido que problemas como la contaminación del agua, la destrucción de ecosistemas y la afectación directa a miles de personas sigan sin solución.
El manejo del agua en zonas de alta pluviosidad y la gestión de residuos peligrosos son desafíos técnicos que el Estado aún no demuestra poder controlar eficazmente.
Mientras el gobierno niega la existencia de contaminación directa del agua y promueve la minería como motor de reactivación económica, la sociedad civil y especialmente la juventud panameña mantiene su rechazo a la reapertura.
