Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití

Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití
Foto: Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití/cortesía

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) en Haití solicitó el martes abrir una investigación contra el juez responsable de investigar el asesinato de Jovenel Möise y denunció también el pago de presuntos sobornos al magistrado Gary Orélien.

Según la organización haitiana el juez recibió alrededor de 20 mil dólares por el “levantamiento de la prohibición de salida dictada contra una personalidad”; sobre el que se presupone tiene vínculos con un sospechoso de magnicidio.

Desde la Rnddh sostienen que, de los cuatro policías recientemente liberados por el magistrado Gary Orélien; al menos uno de ellos le pagó 25 mil dólares estadounidenses.

La Rnddh envió la solicitud contra el juez a la Dirección Central de la Policía Judicial para que abriera una investigación y esclarecer las denuncias que pesan sobre el magistrado.

Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití
Foto: Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití/cortesía

Magnicidio en Haití sin poderse resolver

El informe de la defensora de derechos humanos se conoció tras la negativa del decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint-Vil, de extender el plazo de la investigación del magnicidio solicitado por Orélien.

Saint Vil no dio explicaciones por la negativa de extender el tiempo de la investigación la del magnicidio ocurrido el 7 de julio.

Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití
Foto: Investigan por soborno al juez encargado del magnicidio en Haití/Cortesía

El juez Gary Orélien asumió el archivo a finales de agosto tras la renuncia de su predecesor; y reportes locales indican que entrevistó a una treintena de personas. Entre ellas la viuda Martine Moïse, exparlamentarios, policías y otras figuras de interés relacionadas con el caso.

Sin embargo, hasta el momento no se formularon cargos contra los cerca de 40 detenidos por el magnicidio; y recientemente el Gobierno de Colombia denunció amenazas a los abogados que intentaban asumir la defensa de los sudamericanos sospechosos.