Organizaciones indígenas y campesinas de las provincias de Jujuy, Salta y Santiago del Estero, al norte de Argentina, denunciaron este jueves los procesos de desalojo que sufren sus comunidades durante la gestión de Javier Milei; que incluyen actos de represión y persecución contra quienes se manifiesten en contra.
Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires (capital), referentes de esas organizaciones manifestaron que el actual Gobierno derogó la Ley 26.160; que ayudaba a frenar los desalojos.
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Asimismo el cacique de la comunidad Ocloya, Néstor Jerez (Jujuy), la cual enfrenta un posible desalojo judicial, rechazó la violencia institucional que ejerce el Estado de Argentina; la cual se concreta en atropellos, despojos y criminalización.
Desde años atrás, comunidades campesinas e indígenas hacen frente a presiones para abandonar sus tierras; que el Gobierno local quiere expropiar para favorecer a corporaciones que ambicionan el litio y otros recursos.
Represión en Argentina
Además la resistencia de estas comunidades en Argentina trascendió durante el final del mandato del exgobernador Gerardo Morales (2015-2023), el mismo que presionó para apresar a la lideresa Milagro Sala y para modificar de modo arbitrario la constitución de Jujuy; con el objetivo de desterrar de manera exprés a los habitantes de esas ricas tierras.
Por tanto otra comunidad de Jujuy, Argentina, la Kolla Guerrero, alertó a través de su representante, Julio Cruz; sobre el inminente desalojo de la Comunidad Cueva del Inca en Tilcara, que el martes pasado fue suspendido por 48 horas. Allí ingresaron más de 200 efectivos.
La comunidad resiste desde hace años las presiones de empresarios hoteleros. Su desalojo fue ordenado por la jueza Lis Valdecantos Bernal; aunque tiene personería jurídica y su ocupación ancestral fue reconocida en 2014.
También Cruz denunció el brutal desalojo que sufrió su comunidad, también ubicada en Tilcara, Argentina, en octubre pasado. Expresó que los gendarmes lo destruyeron todo y que aún se encuentran en situación de calle.
Un integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), en la localidad de Los Juríes, Fabián Altamiranda; denunció que a inicios de marzo se movilizaron contra un proceso de desalojo y que la Policía desató una feroz represión. Señaló que el desalojo fue ordenado por el empresario Guillermo Massoni.
Comunidades indígenas alzan la voz
Detalló que la agresión que calificó de sangrienta y se perpetró el 12 de marzo pasado dejó 26 heridos, dos familias desalojadas, casas y ranchos destruidos; nueve detenidos, 13 comuneros con pedidos de detención y una larga lista de manifestantes a quienes la Policía busca para identificar.
Añadió que a la represión siguió un operativo de persecución contra líderes y manifestantes, con participación de al menos 70 efectivos.
Denunció que muchos protestantes no pueden ver a sus familias por temor a ser detenidos arbitrariamente, mientras que otros que están heridos no han acudido a centros médicos porque están seguros de que la Policía los espera para arrestarlos.
Altamiranda solicitó el apoyo de organismos de derechos humanos, universidades y otras instituciones para poner fin a estos atropellos en Argentina.
