Ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de la República Argentina, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron revocar el beneficio de la prisión domiciliaria concedida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 17 de junio por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2.
Luciani y Mola, impulsores del juicio que condenó a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; sostienen que el beneficio fue otorgado sin motivos reales y afirman que su cumplimiento debe darse en una unidad carcelaria.
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Argumentan que la prisión domiciliaria desvirtúa la pena impuesta, y advierten sobre el impacto social negativo que genera no respetar la regla de cumplimiento efectivo.
El tribunal había concedido la domiciliaria por motivos de seguridad, tras el intento de magnicidio sufrido por Cristina Fernández en septiembre de 2022; considerando insuficientes las garantías en una cárcel común.
Cristina Fernández en la mira
Sin embargo, los fiscales insisten en que “la pena de prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario”; y que su reclusión individual no implica aislamiento inhumano.
Durante el juicio Vialidad, Luciani y Mola también cuestionaron el presunto trato preferencial que recibió CFK en comparación con los otros ocho condenados; quienes debieron ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal.
La defensa, encabezada por Alberto Beraldi, fundamentó el pedido de prisión domiciliaria en tres ejes: seguridad, edad y salud (72 años) y contexto político; denunciando una persecución judicial o lawfare.
Ahora, la Sala IV de Casación, compuesta por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, deberá resolver si Cristina Fernández debe continuar cumpliendo su pena en su domicilio o en prisión.
