Diversos sindicatos del sector educativo en la nación centroamericana han anunciado que continuarán con el paro de actividades; luego de que el presidente José Raúl Mulino se negara a iniciar conversaciones para resolver la prolongada crisis que afecta al gremio desde hace varios meses.
«Nosotros nos vamos a mantener en la huelga indefinida, tal cual como lo hemos concertado todos los docentes, que no estamos solos; porque somos apoyados por los padres de familia y un sector importante también de los estudiantes», declaró Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof).
El manifestante dio comentarios a los medios de comunicación después de sus reuniones con diversos sectores, como la Iglesia católica y los empresarios locales.
El motivo de los encuentros era buscar diversas alternativas para destrabar el paro, desatado por la derogación de la ley 462; que fue promulgada el 18 de marzo y reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Profesores panameños mantienen la huelga
Frente a esta situación, el profesorado panameño consideró que las modificaciones legales causan «pensiones de hambre».
La posibilidad de cambiar la normativa fue rechazada de manera categórica por el mandatario local; quien aseguró que cualquier intento en ese sentido es «una pérdida de tiempo» y vaticinó que los docentes dejarán de marchar pronto.

La decisión de mantener la suspensión de labores responde al descontento generalizado entre los docentes; quienes exigen mejoras salariales, condiciones laborales dignas y mayor inversión en infraestructura educativa. Los representantes del magisterio han expresado que la falta de voluntad política para atender sus demandas ha generado un clima de tensión y frustración entre los trabajadores del sector.
Además, líderes sindicales advirtieron que las protestas podrían intensificarse si el gobierno no muestra señales claras de disposición al diálogo. Mientras tanto; miles de estudiantes permanecen sin clases, lo que agrava la situación educativa del país y pone en evidencia la necesidad urgente de una solución que priorice el bienestar tanto del personal docente como del alumnado.