La Fiscalía de Cochabamba (Bolivia) ordenó este martes la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de ese distrito, por la represión y muertes ocurridas durante las protestas contra el golpe de Estado ocurrido en el país, en noviembre de 2019.
Te puede interesar: Canciller de Venezuela califica elecciones como acto de soberanía
Según informó el diario local El Deber, Cuéllar fue aprehendido en horas de la tarde, luego de declarar ante la Fiscalía, que lo acusa de homicidio por los disparos contra manifestantes en el puente Huayllani, en la localidad de Sacaba (Cochabamba), que dieron muerte a doce personas.
Se trata de la primera detención de un jefe militar por esos hechos de violencia, aunque podrían ordenarse otras capturas en las próximas horas.
Fiscalía ordena la aprehensión del Comandante de la Guarnición de Cochabamba, Alfredo Cuellar, por la masacre de Sacaba. pic.twitter.com/NkMFOj3y1W
— La Resistencia Bolivia (@ResistenciaBo) November 24, 2020
La represión tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019, cuando una fuerza conjunta de policías y militares bolivianos, bajo las órdenes de la entonces autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, disparó contra los manifestantes, lo que dejó un saldo de 12 personas muertas, y otras 125 heridas.
Los uniformados atacaron a miles de campesinos de la región de Chapare que caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra del gobierno de facto.
Cuatro días después, en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de otras 10 personas.
Violento operativo policial y militar
Las masacres de Sacaba y Senkata son investigadas paralelamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que este lunes envió a cinco expertos a la ciudad de La Paz, junto a su presidente, Joel Hernández.
Por su parte, el Gobierno de Luis Arce manifestó que pondrá a disposición de la CIDH "todos los expedientes" de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para identificar "a los autores intelectuales y materiales" de estos hechos.
