La Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas en el departamento colombiano del Valle del Cauca, emitieron este sábado un comunicado donde rechazan el asesinato de un líder de su comunidad.
"Rechazamos el vil asesinato del Guardia Indígena del pueblo Embera, Javier García Guaguarabe, de 20 años de edad y perteneciente a la comunidad indígena Bani chami del municipio de Argelia, Valle del Cauca", denunció la asociación.
La asociación indígena señala que la víctima fue atacada cuando se dirigía a su casa, "los hechos se presentaron en horas de la tarde de este viernes 15 de mayo en el momento en que se dirigía a su casa después de haber salido del trabajo", agregan.
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#ATENCIÓN| La @Orivac_Colombia RECHAZA el ASESINATO de Javier García Guaguarabe, guardia indígena de 20 años del resguardo Bania Chamí del municipio de Argelia, Valle del Cauca. En tiempos de cuarentena el genocidio no se detiene. #NosEstánMatando. @luiskankui @ONUHumanRights. pic.twitter.com/3TRI3o3b1i
— Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) May 16, 2020
"Exigimos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, a la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y a la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que acompañen y se pronuncien ante esta grave vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el Valle del Cauca", concluye el comunicado.
Condenamos enérgicamente el asesinato del guardia Indígena Javier García Guaguarabe, en Argelia #ValleDelCauca. Exigimos a los grupos armados ilegales cesar ataques contra la población civil, e instamos a las autoridades a proteger comunidades y liderazgos étnicos. pic.twitter.com/VNMxw9EAkE
— MAPP/OEA (@MAPPOEA) May 16, 2020
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El pasado viernes la Defensoría del Pueblo colombiana denunció las amenazas que reciben "defensores de derechos humanos (DD.HH.), periodistas, políticos y funcionarios públicos dedicados a defensa de los DD.HH. y de las víctimas", por parte de "fuerzas criminales" en medio de la pandemia del coronavirus.
Instituciones gubernamentales han exigido al Gobierno que atienda esa situación de amedrentamiento por parte de una organización paramilitar.
