45 años de prisión a dos curas por abuso sexual a niños en Argentina

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Mendoza, Argentina | AFP | Dos curas fueron condenados a más de 40 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado a niños sordos en el Instituto de Enseñanza Próvolo, de Mendoza, un caso que sacude a la Iglesia católica argentina.

El cura argentino Horacio Corbacho fue sentenciado a 45 años de cárcel y el italiano Nicola Corradi a 42, según el fallo leído este lunes en el tribunal.

En los dos casos, se consideró como agravante que eran responsables de la guarda de los chicos y ministros de culto, así como el hecho de que las víctimas eran menores de edad.

También fue condenado a 18 de prisión el jardinero del centro de enseñanza, Armando Gómez, por abuso sexual con acceso carnal.

A las puertas del tribunal, un grupo de jóvenes del instituto esperaron el fallo con pancartas de apoyo a las víctimas.

Corbacho, de 59 años, y Corradi, de 83, se encontraban hasta ahora en prisión preventiva.

 

El juicio comenzó el 5 de agosto pasado y se desarrolló a puerta cerrada. En las audiencias se evaluó los testimonios de 13 víctimas.

El Instituto Próvolo, ubicado en Mendoza, 1.000 km al oeste de Buenos Aires, fue cerrado en 2016 después de que estallaron las primeras denuncias en la justicia por abusos cometidos desde 2004.

El rol de la Iglesia Católica en el caso

Tras hacerse público el escándalo del Próvolo, el Vaticano —bajo la dirección del papa Francisco— envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina, una práctica habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones.

No obstante, aquellos representantes de la Santa Sede, Dante Simón y Juan Martínez, fueron denunciados por abogados querellantes y otras agrupaciones dedicadas a casos de abusos al considerar que ocultaron datos sensibles sobre los delitos, o que no aportaron información a las autoridades sudamericanas. Los fiscales, sin embargo, no dieron lugar a las denuncias contra los enviados del papa.

Por su parte, Simón y Martínez explicaron en entrevistas que ellos estaban disponibles si las autoridades judiciales requerían sus aportes. A su vez, aclararon que así como existe el secreto de sumario en la Justicia tradicional, la Iglesia tiene su secreto canónico, a menos que los jueces soliciten información.  

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