"Tercer país seguro" sólo aplica para hondureños y salvadoreños

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El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, dijo que el acuerdo de asilo firmado con EEUU solo aplicará a migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña y aseguró que hay restricciones, como los niños menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad.

En una conferencia de prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, el titular de la cartera de Gobernación volvió a negar que este convenio convierta a Guatemala en un “tercer país seguro” para migrantes, tal y como dice Estados Unidos, porque esta definición “no existe” e hizo un llamado a la “cordura” porque las repercusiones de no implementar dicho convenio serían “nefastas”.

En este sentido, pidió “no bloquear” este proceso que Guatemala y EE.UU. firmaron el viernes en la Casa Blanca y que no menciona el término “tercer país seguro”, expresión que la Agencia de la ONU para los Refugiados emplea para designar a aquellas naciones donde se reubican a los refugiados que tenían previsto llegar a otro destino.

En su primera explicación pública después de haber firmado este acuerdo, el ministro dijo que Guatemala está ayudando a su socio a “cerrar un área gris en su ley migratoria” que tiene relación con las personas que solicitan medidas de protección al llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

 

Degenhart, que defendió una y otra vez este convenio de asilo porque las repercusiones económicas amenazaban a más de un millón de puestos de trabajo agrícolas que representan el 50 % de las exportaciones y a las remesas que sostienen a miles de familias, reiteró que las repercusiones de no hacerlas hubieran sido “nefastas”.

“No es un convenio de tercer país seguro y la explicación es muy sencilla. Esa definición de tercer país seguro no existe”, apuntó el ministro, y dijo que aunque Estados Unidos lo tipifique “de esa manera” eso “no implica que nosotros lo definamos de esa forma” porque “ese convenio está dirigido y circunscrito a las nacionalidades de El Salvador y Honduras”.

El ministro, que admitió que todavía hay detalles que se están negociando, negó que Guatemala se esté convirtiendo “en un campo de concentración” ni en una “cárcel” para los migrantes que soliciten la protección porque tendrán movilidad libre por el país mientras se analice su petición de protección.

“El plan de implementación que está en proceso de análisis y desarrollo es el que va a definir las reglas de juego de tal procedimiento”, indicó, y recordó que Guatemala impone restricciones y que, por ejemplo, no recibirá a menores de edad no acompañados, mujeres embarazadas en el tercer trimestre, personas con historial criminal o personas con “necesidades especiales o capacidades especiales”.

El convenio, que tiene una vigencia de dos años y que será evaluado trimestralmente, no contempla que ninguna de las dos partes destine fondos para su puesta en funcionamiento pero sí cuenta con la participación de entidades e instituciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones o la oficina de la ONU para los Refugiados.

"Malos guatemaltecos"

 

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, lamentó que “malos guatemaltecos” y “malas personas” estén intentado minar la relación con Estados Unidos, defendió la firma del acuerdo y avanzó que es una de las “varias acciones” que de manera bilateral van a implementar, como un convenio de visas laborales temporales para agricultores.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo la canciller ante las críticas.

Este convenio de asilo, que ha sido definido por Estados Unidos como un convenio de tercer país seguro, no está seguro aún cómo se va a aplicar en Guatemala ni si tiene que ser aprobado previamente por el Congreso, pero en su contra hay varias acciones interpuestas que están pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad, informó la agencia de noticias EFE.

 

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