Desde hace más de una semana los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Buenos Aires, Argentina se encuentran en estado de alerta y movilización por despidos.
El objetivo de los trabajadores era llevar hoy una protesta hasta la Secretaría de Trabajo, sin embargo, cuando todavía se estaban concentrando en la intersección de las calles Corrientes y Callao, las fuerzas de seguridad lo impidieron.
Así, los agentes avanzaron sobre los manifestantes con palos y gas pimienta, con el argumento de despejar la calle y permitir el paso de los vehículos. No obstante, en un video publicado en Twitter, se observa como un trabajador discute con un oficial y le plantea que nunca les pidieron que liberaran el paso, sino que simplemente los reprimieron sin previo aviso.
Trabajadorxs despedidxs de Coca Cola reclaman a la Policía que les permitan manifestarse, mientras los reprimen sin aviso previo. @Fawaldman desde Corrientes y Callao. https://t.co/o5ixut4x06 ? pic.twitter.com/SBXh8Wfb8O
— FM La Patriada (@FMLaPatriada) February 28, 2019
#AHORA: La policía reprime con palos y gas pimienta a los trabajadores de Coca Cola en Av. Corrientes y Av. Callao pic.twitter.com/utWs7RKZoe
— C5N (@C5N) February 28, 2019
Varias personas debieron ser hospitalizadas debido a las heridas provocadas.
#Ahora en el hospital de Clínicas están atendiendo a trabajadores heridos en Corrientes y Callao en la provocación que montó la Policía de Ciudad.
Tuvieron la "precaución" de esperar que haya móviles en vivo para comenzar.
Sus internas son peligrosas pic.twitter.com/5RnbdAMSY8— Myriam Bregman (@myriambregman) February 28, 2019
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Según denuncian, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) no acompañó a los trabajadores y pactó con el Gobierno y la firma que sean despedidas más de 30 personas.
El conflicto
La empresa Coca-Cola Femsa, que embotella y distribuye esa línea de bebidas gaseosas en Argentina, presentó el pasado 21 de febrero un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Esta figura legal, vigente desde principios de la década de 1990, debe ser aprobada por la autoridad competente (en este caso la Secretaría de Trabajo) y habilita a las compañías a aplicar suspensiones de personal, negociar despidos y pagar menos a la hora de indemnizar empleados, entre otras cosas.
Según las autoridades de la firma, están "atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo", por lo que se ve en la "necesidad de readecuar su estructura de trabajo". No obstante, los trabajadores plantean que esto es falso y que se trata de una maniobra para precarizar las condiciones de trabajo. Esta versión fue avalada parcialmente por el Gobierno, ya que se rechazó el PPC.
