La Congregación de los Hermanos Maristas de Chile consideran que el anuncio de la Santa Sede, de abrir un proceso de investigación excepcional en su rama chilena por los escándalos de abusos contra menores, “es una buena noticia”.
“Da tranquilidad a todos, especialmente a las víctimas de estos abusos, quienes pública y privadamente habían solicitado en reiteradas oportunidades esta indagatoria”, indica a EL PAIS el delegado de la misión de los maristas en Chile, Ernesto Reyes Plaza, sobre la decisión del Papa de firmar un decreto que habilita a la Congregación para la Doctrina de la Fe para abrir un “proceso penal” a los maristas, que no son sacerdotes, sino hermanos.
"Creemos que la imparcialidad de esta instancia les asegura un debido proceso tanto a las víctimas como a los acusados”, señala Reyes en una carta a este periódico.
En Chile, donde el Papa ha liderado una histórica limpieza a la jerarquía eclesiástica, la Fiscalía mantiene abiertas 148 investigaciones por delitos sexuales contra menores cometidos por integrantes de la Iglesia, con 202 personas investigadas y 255 abusados.
La de los maristas es la gran causa de pederastia: 25 imputados por abusos y violación —entre ellos siete españoles— y al menos una treintena de víctimas.
De acuerdo a Reyes, “estos hechos revisten la mayor gravedad y desde el punto de vista ético y moral es inaceptable la prescripción, lo cual se ha hecho presente a la Fiscalía y a la comisión del Senado chileno que estudia una nueva legislación que declara imprescriptibles los abusos contra menores”. “Es nuestra convicción que los responsables deben ser sancionados, como gesto mínimo de perdón y reparación hacia las víctimas”.
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Las acusaciones que enfrenta la congregación en Chile son graves, por lo que el Vaticano no descarta una intervención general. Los abusos se habrían cometido por medio siglo –entre 1967 y 2016, según la Fiscalía chilena–, con testimonios de personas que relatan haber sido abusadas desde los seis años.
Los fiscales investigan traslados de los religiosos supervisados por los superiores, tanto dentro como fuera de Chile, y al menos dos pagos a las víctimas: de 65.000 y 100.000 euros, en 2015 y 2017.
De acuerdo a su delegado en Chile, “fue la propia Congregación Marista de Chile y no otra entidad o persona natural la que uno a uno fue denunciando cada caso a la Fiscalía, solicitándole investigar”.
Pese a la señal dada recientemente por Roma al abrir una investigación excepcional desde el Vaticano, Reyes descarta la inacción de la congregación en Chile –"al contrario", señala– y destaca que en octubre de 2017 se pidió públicamente perdón a las víctimas.
Sobre el hermano español Jesús Triguero Juanes, que el Ministerio Público de Chile tiene entre los investigados, los maristas chilenos acotan que fue él quien denunció determinados hechos ante la Fiscalía “precisamente para que fueran investigados y esclarecidos, ya que carecen absolutamente de sustento". Actualmente, añaden, "Triguero es un religioso y directivo marista en plenitud de sus funciones".
