República Dominicana: Mujeres reclaman despenalizar el aborto

Cientos de mujeres dominicanas reclamaron hoy a los diputados, durante una concentración en Santo Domingo, aprobar el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, si es el resultado de violación o incesto o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero.

Tras una caminata por la Ciudad Colonial, las mujeres se concentraron en el Parque Independencia donde leyeron un comunicado en el que afirmaron que la penalización, sin excepción, del aborto "violaría la Constitución de la República y múltiples convenios y pactos internacionales firmados por el país para proteger los derechos sexuales y reproductivos y la dignidad de las mujeres".

"La penalización del aborto en cualquier circunstancia conspira contra la integridad física y moral de la mujer", dijo Arelis Ferrer, que sirvió de portavoz del grupo, y que señaló que el 13 % de las muertes maternas se producen por abortos clandestinos.

De acuerdo con Ferrer, en el país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente porque está prohibida.

"Las mujeres pobres somos las que más riesgo corremos y a quienes se nos quiere condenar a la muerte en caso de que por circunstancias especiales tengamos que interrumpir un embarazo", agregó.

El presidente dominicano, Danilo Medina, vetó a finales de 2016 el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, una medida que había adoptado también en 2014 cuando se aprobó dicho código, cuyo debate lleva años en el Congreso Nacional.

Sin embargo, el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rechazó el pasado 31 de mayo las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias, a lo que se oponen las iglesias y los sectores conservadores locales.

De esta manera, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado.