Nicaragüenses son explotadas y sometidas a abortar en España

La policía española anunció este viernes el arresto de quince personas acusadas de introducir mujeres nicaragüenses en el país para explotarlas como empleadas domésticas y prostitutas, así como de practicarles abortos ilegales cuando quedan embarazadas.

Las personas detenidas son cuatro hombres y once mujeres de entre 28 y 56 años procedentes de Guinea, Marruecos, Bélgica, Nicaragua, Bolivia y España, acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tráfico ilegal de mano de obra, aborto ilegal, entre otros, señala la policía en un comunicado.

Dos hermanas nicaragüenses afincadas en la región de Murcia (sureste) eran las encargadas de captar a las víctimas cuando viajaban a su país, informa este comunicado.

Las víctimas vivían todas en un mismo pueblo y algunas incluso tenían parentesco con sus explotadoras. Todas ellas tenían cargas familiares y una precaria situación económica, afirma la policía.

Les ofrecían un préstamo de entre 3.000 y 3.500 dólares para pagarse el vuelo, las ayudaban a entrar al país como turistas a través del aeropuerto de Barcelona y les prometían un trabajo como empleada del hogar o cuidando a personas mayores.

Una vez en España, les quitaban el dinero que les quedase y las instalaban en una vivienda en Murcia "en condiciones de hacinamiento e insalubridad extremos" hasta que les conseguían un empleo.

"Recibían un salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda, que generaba unos altísimos intereses, y para pagar su alojamiento. De este modo a las víctimas les era imposible saldar la deuda", señala la Policía nacional.

Para poder salir de esta situación, algunas mujeres optaban por prostituirse también bajo control de estas dos hermanas, que se quedaban con la mitad del monto recibido por los servicios sexuales, añade el cuerpo de seguridad.

Los investigadores descubrieron también que cuando quedaban embarazadas, los líderes del grupo les suministraban unas pastillas destinadas a tratar otras enfermedades que administradas en ciertas condiciones pueden provocar abortos.

Estas operaciones se practicaban "en domicilios privados, sin control facultativo y en algunas mujeres en un estado de gestación cercano o superior a cuatro meses". "Posteriormente enterraban a los fetos", señala el comunicado.