El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) negó hoy que su gobierno haya pactado con cabecillas de las dos principales pandillas de El Salvador a cambio de la reducción de crímenes.
Funes, quien fue el primer mandatario de izquierda en este país, y destapó el escándalo de corrupción del gobierno del fallecido Francisco Flores (1999-2004), aseguró que la citación para declarar por la tregua ente los grupos delincuenciales es un guión de la derecha.
Aseguró que es parte de una agenda mediática para distraer a la opinión pública por el caso Flores que aún está abierto y en el que miembros del partido Alianza Republicana Nacionalista estarían implicados, al decir de su propio hijo Marcos Flores.
El exgobernante señaló que la tregua entre las dos mayores pandillas de El Salvador, las maras Salvatrucha y Barrio 18 -mientras duró- redujo sustancialmente la violencia delincuencial.
Enfatizó que su administración no les dio ninguna prebenda, al contrario, siguió reprimiendo el delito y fue la época cuando más operativos la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo contra esas bandas delictivas.
Resaltó en una entrevista con la televisión local que los planes gubernamentales de prevención y una mayor eficacia policial en el combate al crimen también contribuyeron a la reducción de hechos delincuenciales.
La tregua fue hecha pública el 9 de marzo de 2012 desde una cárcel por los principales cabecillas de las maras, quienes lamentaron el dolor causado a la sociedad y solicitaron oportunidades para poder salir del círculo de la violencia.
Como facilitadores de la tregua trabajaron el obispo militar, monseñor Fabio Colindres, y el historiador Jorge Mijango, así como el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza.
La OEA verificaría y sería garante del proceso, de acuerdo con declaraciones de ese organismo regional, y en ese contexto Insulza realizó una visita de dos días a El Salvador para conocer la «tregua» pactada entre las pandillas y se reunió con cabecillas de esas estructuras en un centro penal cercano a esta capital.
Aseguró en ese momento que la vinculación de la OEA en la «tregua» no significaba «ni remotamente reconocer grupos beligerantes», y que los pandilleros «siguen siendo lo que son».
También defendió la posición del Gobierno de Funes al resaltar que la «tregua» no fue producto de una negociación, sino de un pacto entre esos grupos con la mediación del obispo castrense, Fabio Colindres.
El exmandatario fue llamado a la Fiscalía para explicar los supuestos beneficios que cabecillas de pandillas recibieron en la tregua y que dicen fueron denunciados la semana anterior por cuatro testigos en un juicio.
Según investigaciones, las maras fueron formadas por centenares de deportados de Estados Unidos a fines de la década de 1990 y con el tiempo se convirtieron en verdaderos ejércitos clandestinos.
