San Salvador, 3 oct (ACAN-EFE).- Las pandillas se coronaron en septiembre pasado como los titiriteros de la situación en El Salvador, superando incluso a los malqueridos partidos políticos, al mostrar el poder de elevar, según reconoce el Gobierno, los asesinatos y poner en entredicho las medidas "extraordinarias" de seguridad impulsadas en 2016.
Desde el 21 de septiembre pasado, el país centroamericano vive una escalada de la violencia que ha elevado el número de asesinatos al grado de romper con la tendencia que se venía marcando desde inicios del 2017 y llevar la cifra diaria a casi el triple.
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En los 10 últimos días de septiembre pasado fueron asesinadas 272 personas, una media de 27 diarias, cuando la cifra que promediaba el país anteriormente se mantenía entre 10 o menos asesinatos.
Esta ola de homicidios llevó a septiembre a convertirse en el período más violento de lo que va del año, con 435 muertes violentas, aproximadamente un 27 % más que las computadas el mismo mes del 2016, cuando las víctimas de homicidio fueron 343.
Lo llamativo de este fenómeno, que no termina de moverle las cuentas al Gobierno, es que se da en vigencia de las llamadas medidas "extraordinarias" de seguridad, lanzadas en 2016.
A las mismas atribuye el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén una baja del 31,3 % del total de asesinatos entre enero y septiembre pasados, en comparación con 2016, y con las que espera bajar hasta en 20 las muertes por cada 100.000 habitantes y pasar de 81,7 en 2016 a unas 60 en este 2017.
Estas acciones, lanzadas en 2016 y prorrogadas hasta 2018, se han convertido en el cimiento y pedestal de la estrategia gubernamental para combatir a las pandillas y que incluye el endurecimiento del sistema carcelario para los pandilleros presos para aislar a los líderes nacionales de sus subalternos y de su base.
También estipula un comando elite de 1.000 policías y soldados para dar caza a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural y el despliegue de más soldados para colaborar en labores de seguridad ciudadana.
Este repunte también se suscita cuando el Ejecutivo ha intensificado los registros en la capital con un mayor despliegue de policías y soldados, y con la salida de vehículos blindados y artillados a las calles.
Es decir que, pese a mantener en un alto nivel las medidas de represión, las pandillas han logrado elevar en este lapso los homicidios a niveles vistos en 2015, el año más violento de la historia reciente de El Salvador.
Los funcionarios de seguridad atribuyen el recrudecimiento de la violencia principalmente a las disputas al interior de la Mara Salvatrucha (MS13), que recientemente tuvo un cisma por desacuerdos en el manejo de las finanzas, originado por operativos de la policía que dejaron ver la desigualdad entre líderes históricos y los más jóvenes.
El primer fruto de esta escisión es el surgimiento, según las autoridades, de la facción disidente MS503, cuya existencia la Fiscalía no confirma, y el segundo, las purgas que se han extendido hasta las familias de los pandilleros.
Por otra parte, el vicepresidente, Óscar Ortiz, aseguró recientemente que las 'maras' han elevado los asesinatos porque "están desesperados y quieren mandar un mensaje de que pueden ablandar, parar y retroceder las medidas que tenemos en marcha".
La versión oficial del alza de asesinatos deja a la sociedad salvadoreña un panorama azaroso: pese a quemar la mayoría de sus naves para diezmar estas estructuras, la vida de los salvadoreños sigue a merced de las pandillas, que tienen sus tentáculos hasta en el Estado.
A mediados de mayo de 2016, Ortiz fijó un plazo de 12 meses para "de mostrar que el país, el Estado y Gobierno tienen la capacidad para derrotar la estructura criminal (pandillas) porque "no podemos seguir tolerando que estos grupos se tomen la atribución de decidir la seguridad a lo largo y ancho del país".
