Uruguay crea comité para articular medidas contra la violencia de género

Uruguay concretó hoy la creación del Comité de articulación para la Justicia de Género, que buscará coordinar las acciones entre diferentes organismos del Estado para "brindar un mejor servicio" a las víctimas de la violencia machista.

Así lo explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien señaló que la meta es evitar la "multiplicación de pasos" y la concurrencia de las víctimas a diferentes comisarías y juzgados.

Concretamente, el comité estará integrado por la SCJ, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

"Es un convenio de articulación de las distintas unidades que existen en el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior para la elaboración de una verdadera política conjunta", explicó el fiscal Jorge Díaz.

El titular de la Fiscalía General de la Nación señaló que, hasta el momento, los diferentes organismos del Estado desarrollaban políticas que a veces coincidían y "a veces no tanto" sobre la violencia de género.

Por esta razón, se propuso la unificación de estas acciones en el comité, que permitirá un "mayor acceso a la Justicia y un mejor tratamiento a nivel judicial" de los temas vinculados a la violencia machista, detalló Díaz.

El ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, señaló durante el evento que la creación de este comité representa un "avance necesario para incorporar la perspectiva de género en el sistema judicial", algo que no será "fácil" ni "inmediato", ya que implica revisar una serie de prácticas personales e institucionales.

Sin embargo, Bonomi expresó que está convencido de que las autoridades están y siguen el "camino correcto" para combatir la violencia machista.

Tanto Díaz como Bonomi llamaron al Parlamento uruguayo a aprobar la ley integral de violencia de género, que actualmente está en discusión y que prevé la creación de una serie de servicios gratuitos a las víctimas que van desde asistencia jurídica, psicológica, social, sanitaria y habitacional.